Sentencia Tribunal Superior de Justicia núm. 161/2004 Santa Cruz de Tenerife, de 17 febrero 

En fecha 28 de abril de 2003, se notificó a la demandante el despido por medio de una carta del siguiente tenor literal: “La Dirección de la Empresa ha tenido conocimiento y ha comprobado la veracidad de los siguientes hechos: Que usted durante el día de hoy ha estado trabajando en la caja número 17 durante toda la jornada y no ha sido sustituida en ningún momento por otro compañero. Que a primera hora de la mañana se le entrega la cantidad de 114,37 euros para comenzar la jornada y sobre las 10,00 horas se realiza un arqueo o recuento conjunto de todas las cajas, observando que estaban todas correctas. Sin embargo sobre las 14,00 horas, se realiza un segundo arqueo en su caja y se comprueba que falta la suma de 397 euros. Tal suma de dinero nos hace pensar que no se trata de un fallo en el cambio y que usted ha sido la única responsable de la caja durante el turno de mañana. A mayor abundamiento se comprobó que el pasado día 24 de abril, la caja en la que usted se encontraba durante el turno de tarde, registró una falta de 398 euros, sin haber podido ser recuperados. Como Ud. comprender hechos como los descritos no pueden ni deben permitirse, por cuanto implican un serio quebrantamiento del principio de la buena fe, de necesaria y general observancia, y vulnera asimismo, el deber profesional de lealtad que impone el servicio para no defraudar la confianza en Ud. depositada, y que merece sin ninguna duda MÁXIMA DESAPROBACIÓN POR PARTE DE ESTA DIRECCIÓN. Por todo ello, con su fraudulenta y deplorable forma de proceder Ud. se ha apropiado de dinero de la empresa, con el consiguiente perjuicio económico, al margen de la distorsión del normal funcionamiento y organización del centro de trabajo, que ha provocado con su inadmisible forma de actuar. En consecuencia y en base a las facultades que a la empresa le reconoce el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 54.1, y el artículo 33 del Convenio Colectivo de Mercadona, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 54.2.d) del ET y el 32.C.1) y C.4) del Convenio Colectivo, su actitud es constitutiva de un incumplimiento grave y culpable, por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza en su trabajo por hurto a la Empresa y la ...Dirección de esta empresa ha tomado la decisión de DESPEDIRLE con efectos del día de hoy.” 

La empresa ha reconocido la improcedencia del despido. 

Sentencia Tribunal Superior de Justicia núm. 203/1999 Castilla-La Mancha de 15 febrero 

La trabajadora fue convocada al despacho del Encargado donde, a presencia de la Delegada de Personal, se le exhibieron unos documentos (tikets, que contenían el código de la actora y de la caja en que prestaba servicios, imputándosele la apropiación del dinero que dichos tikets representaban, así como de 500 pesetas; cantidad esta última que no apareció en poder de la trabajadora pese a que fue registrada y se cambió de ropa a presencia de la Delegada de Personal. 

Así las cosas, el Encargado le dijo a la trabajadora que o firmaba la baja voluntaria en la empresa o era despedida por apropiarse de dinero de la caja; suscribiendo en ese mismo momento la trabajadora el documento de baja, ya redactado por la empresa. 

En el caso que se examina, puede concluirse que la decisión de la trabajadora de cesar voluntariamente en el puesto de trabajo que venía desempeñando desde el 22 de febrero de 1995, no fue libre y espontánea; sino provocado por la intimidación a que fue sometida el día 12 de junio de 1998, en el que, sin elemento de prueba alguno, le fue dada la opción entre la dimisión o ser acusada de apoderarse de dinero de la caja; cuando dicha trabajadora tenía sus capacidades volitivas seriamente disminuidas, y por ello sometida a tratamiento médico, como consecuencia del suicidio de su esposo; intimidación que, según el artículo 1267, párrafo 2, del Código Civil, se produce cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona y bienes; y que ha de ser calificada atendiendo a la edad y la condición de la persona (párrafo 3 del mismo precepto antes citado). 

A tal conclusión se llega por las siguientes y particulares razones: 

a)	No existe en los autos prueba alguna, ni siquiera indiciaria, de que la trabajadora se hubiese apropiado de cantidad dineraria alguna, más que la mera aseveración del Encargado que la llamó a su despacho el día 12 de junio de 1998. Debe destacarse en este apartado que la trabajadora no sólo fue registrada sin resultado alguno, sino que accedió a desnudarse ante la Delegada de Personal sin que aparecieran las 500 pesetas que la empresa afirma tenía en su poder procedentes de la caja. No se han aportado los denominados “tikets a cero” que presuntamente acreditarían la apropiación de otras cantidades, cuya suma no indica la empresa. 
b)	Existe una clara coacción o intimidación por parte de la empresa; puesto que la opción que se le ofrece a la trabajadora consiste en la baja voluntaria, con pérdida de todos sus derechos laborales (incluyendo los derivados de la prestación por desempleo por tratarse de baja voluntaria) o ser acusada con tan endebles pruebas, de apropiarse de dinero de la caja; acusación grave que, difundida, y conocida en una ciudad del tamaño de Cuenca, a buen seguro impediría obtener otro trabajo. 
c)	Se da la circunstancia de que precisamente ese día, 12 de junio de 1998, la trabajadora tenía que atender el puesto de pescadería y no la caja, a la que fue destinada precisamente por el Encargado que luego le imputó los hechos. Asimismo, el documento en que la trabajadora suscribe la baja voluntaria, está preconstituido, pues se trata de un formulario ya preparado por la empresa, al que sólo le falta estampar la firma y la fecha. 
d)	Finalmente, la trabajadora se encontraba en el momento de los hechos bajo fuerte disminución de su capacidad volitiva y sometida a tratamiento médico, debido a la reciente muerte por suicidio de su esposo, hecho conocido por la empresa. Por otra parte, el ultimátum de la empresa debía ser rechazado o admitido en ese momento; sin dejar tiempo a la trabajadora para reflexión o asesoramiento. 

Como consecuencia de todo lo anterior, entiende la Sala que el documento de dimisión y solicitud de finiquito suscrito por la trabajadora en 12 de junio de 1998 es nulo de pleno derecho (artículos 1300 y siguientes del Código Civil), y el cese de la trabajadora en su relación laboral debe calificarse de despido improcedente; con derecho a la indemnización a que se refiere el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. 

Sentencia Tribunal Superior de Justicia núm. 4366/2003 Comunidad Valenciana, de 27 noviembre 

La actora ha venido prestando servicios por cuenta y orden de la empresa Mercadona SA con categoría profesional de oficial de gerente A, salario de 985,83 euros/mes, con prorrateo de pagas extras incluido y antigüedad de 1-6-99. 

El día 20-10-02 el actor fue convocado a una reunión en la que participaron además del demandante, el encargado de almacén de la empresa demandada y el coordinador de la misma y en la que tras comunicar al demandante que había indicios de que hubiera cometido una falta laboral grave, consistente en haberse querido apropiar de unas cajas de spray que al parecer habían sobrado al descargar un camión que transportaba las citadas cajas, todo ello según manifestaciones del transportista, se le ofreció al demandante la opción entre firmar la baja voluntaria o despedirle por la falta que presuntamente había cometido. El actor fue convocado a la reunión antedicha sobre las 5 de la tarde del día 29-10-02, terminando dicha reunión pasadas las 22,30 horas, tras esas más de 5 horas de intensa reunión, el actor firma la baja voluntaria presentada por la empresa, pasadas las 22 horas. 

Aun cuando esta Sala haya reconocido la validez del desistimiento y la firma de un finiquito, cuando al trabajador al que se le imputa una falta, se le da la opción de hacerlo para que no exista denuncia, en el caso que hubiera tenido el suficiente tiempo como para pensarlo adecuadamente y servirse de la representación de los trabajadores, ya que conforme declaramos, el art. 49.1, letra d), del Estatuto de los Trabajadores, exige que se exteriorice la voluntad extintiva, tanto de forma expresa, por manifestación verbal o escrita, como de modo tácito, deducida de actos o hechos demostrativos del inequívoco propósito de resolver la relación laboral, evidenciando su inequívoca, clara y terminante voluntad de abandonar el puesto de trabajo, pues la dimisión del trabajador, como todo acto negocial, en este caso con la finalidad de extinguir otro negocio más amplio, y de carácter sucesivo o prolongado, que es el propio contrato de trabajo, requiere una voluntad incontestable en tal sentido; la cual puede manifestarse al exterior para que la conozca el empresario, de manera expresa: signos escritos o verbales que directamente explicitan la intención del interesado; o de manera tácita: comportamiento de otra clase, del cual cabe deducir clara y terminantemente que el empleado quiere terminar su vinculación laboral y del comportamiento del trabajador no se puede concluir de tal forma clara y terminante, su decisión de extinguir el contrato de trabajo, inalterados los hechos declarados probados, sino más bien que la extinción del contrato de trabajo se produjo por despido, cuando el trabajador acude a una reunión convocada en la empresa, el día 29 de octubre 2002, a las 5 de la tarde, en la que participan además del demandante, el encargado de almacén de la empresa y el coordinador de la misma, donde le comunican que había indicios de que hubiera cometido una falta grave, consistente en haberse querido apropiar de unas cajas de spray que habían sobrado al descargar un camión, ofreciéndole al transportista la mitad de las cajas, intensa reunión que finaliza pasadas las 22,30 horas, con firma por parte del actor de la baja voluntaria y finiquito que tan sólo es liquidación de cuentas, despido al que abocaron los representantes de la empresa en tal reunión y cuyos motivos no quedaron probados en el juicio, sin perjuicio de la carta de baja voluntaria que firmó o del finiquito, habiendo declarado esta Sala que cuando se demuestra que el indicado documento ha sido suscrito por alguna de las partes con la concurrencia de alguno de los elementos que vician el consentimiento de los previstos en el art. 1265 del CC o cuando de los términos del acuerdo se llegue a deducir la inadecuación de su contenido escrito a lo realmente querido por las partes, de conformidad con las reglas de interpretación de los contratos contenida en los arts. 1281 y ss, del mismo Cuerpo legal, la conclusión habrá de ser diferente a lo aparentemente manifestado, puesto que en ambos casos estaríamos ante un contrato nulo o inexistente, incapaz por tanto, de ser valorado como demostrativo de la existencia del mutuo acuerdo extintivo, pues como tiene dicho reiteradamente el TS para que al documento de finiquito se le pueda dar valor liberatorio comprensivo de todas las obligaciones derivadas de la relación laboral es preciso que ello se deduzca con evidente claridad de los términos en que así se expresa y ambos inconvenientes concurren en los documentos aportados como justificantes del “mutuo disenso” de las partes respecto a la permanencia de la relación laboral, relación laboral hasta aquel momento, sin contratiempo, apareciendo suficientemente acreditado que el demandante estampó su firma en el documento de baja voluntaria, ya impreso, bajo intimidación, en tanto en cuanto en los hechos probados aparece acreditado cómo le tuvieron más de cinco horas hasta que firmó la declaración que previamente había escrito la empresa, no pareciendo en ningún caso razonable que se le mantenga durante cinco horas en un despacho para que firme tales documentos, cuando simplemente o se le sanciona, si existe causa o en su caso, se le invita a adoptar otra opción, mas si es éste el caso, parece cuando menos innecesario, tal labor de “persuasión”, con una conducta por lo menos, socialmente extraña, por los empleados directivos o con cargos de responsabilidad de la empresa y ante tal situación, no parece, ni puede resultar extraño que plasme su firma en tal documento, en cuanto en esas condiciones se puede inspirar al trabajador el temor racional y fundado de alguna circunstancia fatal que por otra parte no se produciría, ni en el caso que hubiera sido realidad la conducta que se le imputaba, perfectamente incardinable dentro de las previsiones del art. 1267 del CC que, por lo tanto, no habría de considerarse infringido sino correctamente aplicado y por otra parte, la firma del finiquito, ninguna incidencia deber tener como ya se ha razonado, al ser documento liquidatorio de cuentas y no documento transacional. 

Sentencia Tribunal Superior de Justicia núm. 7391/2002 Cataluña, de 18 noviembre 

El Tribunal Supremo tiene manifestado que la acreditación de un vicio del consentimiento corresponde a quien invoca su existencia (SSTS de 21-1-1993, 1-12-1993 y 7-5-1994), debiendo seguirse un criterio restrictivo en su estimación (STS de 18-2-1994), indicando la STS de 15-7-1994 que “la intimidación, definida en el artículo 1267 del Código Civil, requiere, a efectos de provocar la nulidad del acto jurídico, que uno de los contratantes valiéndose de un acto injusto -y no, por tanto, del ejercicio correcto y no abusivo de un derecho- ejerza sobre el otro una coacción o fuerza moral ("vis compulsiva") de tal entidad que, por la inminencia del daño que pueda producir y por el perjuicio que hubiera de originar, sea capaz de influir sobre su ánimo, induciéndole a emitir una declaración de voluntad no deseada y contraria a sus intereses...”. La cuestión planteada debe por tanto centrarse en determinar la concurrencia o no de un vicio de la voluntad en la firma por parte de la actora del documento en el que hace constar su baja voluntaria, al haber argumentado ella y estimarse en tales términos por la sentencia recurrida, que su voluntad no fue libre al firmar el mismo, ya que existió coacción por parte de la empresa. 

Se circunscribe así y en definitiva, el objeto del presente enjuiciamiento en determinar si ello es constitutivo de un supuesto de coacción moral calificable como intimidación (artículo 1267 del Código Civil) y, por ende, susceptible de invalidar el consentimiento prestado por la trabajadora relativo al cese de la relación laboral que le vinculaba con la empresa demandada. En relación a tal figura el Tribunal Supremo en sentencia de 8 junio 1988 señaló que para su apreciación “ésta exige que se produzca la amenaza de un daño inminente y grave; que esa amenaza, valorando las circunstancias concurrentes sea susceptible de determinar la declaración de voluntad, y que revista un carácter antijurídico”. En definitiva, la doctrina jurisprudencial viene exigiendo el cumplimiento de un doble requisito para poder apreciar la existencia de intimidación: 1) una actitud o comportamiento tendente a inspirar el temor de sufrir un daño, distinto al legítimo ejercicio de un derecho que pudiere perjudicar a la contraparte, y 2) que las circunstancias de edad y condiciones personales del sujeto, permitan afirmar que este temor es racional y fundado y, a la vez, suficientemente grave como para doblegar su voluntad, de manera tal que en caso de no concurrir ambos no podrá afirmarse que la conducta de la empresa haya tenido la relevancia suficiente como para anular el consentimiento del trabajador. En el presente caso las circunstancias concurrentes impiden considerar que se diera la intimidación vedada por el artículo 1267 del Código Civil. En los indiscutidos hechos probados se refiere, en síntesis, que la actora, que presta servicios en un supermercado de la empresa demandada, con la categoría de Gerente A, durante la segunda quincena del mes de julio sustituyó a una responsable de cajas del turno de mañanas, no cumpliendo debidamente los cometidos propios de tal puesto, lo que determinó un desajuste contable. El día 8-8-2001, por parte del Departamento de Administración se extendió un documento, que fue firmado por la actora y el coordinador de planta señor A., en el que se indicaba que, durante el período que la actora ejerció como responsable de cajas, no se efectuaron los ingresos de los cambios, ni se recontaron las cajas de forma habitual, ni por parte de la actora se informó al coordinador de planta, haciéndose constar en el punto último del documento que la actora reconocía que no había cumplido sus obligaciones y que había actuado con irresponsabilidad. Al reincorporarse la actora el 5-9-2001 después de sus vacaciones, el señor A., como coordinador de planta y superior suyo, la llamó a la sala de ventas, y le comunicó que había mal ambiente contra ella entre los compañeros, que no podía confiar en ella y que le había dejado en evidencia ante sus jefes al reconocer su poca responsabilidad, aconsejándole que firmara una baja voluntaria debido al mal ambiente de trabajo existente, presentándole seguidamente un impreso de cese voluntario, que rellenó el señor A. y firmó la demandante. A tenor de tales hechos puede considerarse que existió cierta presión por parte de la empresa para que la actora firmara la baja voluntaria, si se tiene en cuenta, de un lado, que la reunión con su superior, que concluye con la firma del cese por la trabajadora, tuvo lugar nada más regresar ésta de sus vacaciones y antes de reincorporarse a su puesto de trabajo y, de otro, que en esa reunión el coordinador le insistió en el mal ambiente que existía contra ella en la empresa y en que por su irresponsabilidad le había dejado en evidencia ante sus superiores, al haber decidido dicho coordinador que la actora hiciera la suplencia, siendo seguidamente aconsejada por éste para que firmara la baja voluntaria en la empresa. Ahora bien, tales circunstancias carecen de la necesaria relevancia para considerarse intimidatorias, debiendo recordarse que no todas las decisiones que se adoptan en el marco de las relaciones jurídicas son ajenas a situaciones de presión en las que concurren ciertos condicionamientos que llevan al sujeto a prestar su consentimiento. Aunque la empresa redactó la carta de dimisión que firmó la trabajadora, este hecho carece igualmente de relevancia al no poderse valorar como trascendente para doblegar la personalidad de la trabajadora, perfectamente capacitada para comprender el sentido del documento, cuando no existe indicio alguno de presiones o amenazas ilegítimas que pudieran haber forzado su voluntad, toda vez que ni se han justificado malos tratos físicos o psíquicos, ni una presión tan irresistible que le impidiera pura y simplemente negarse a firmar el documento en el que exterioriza su voluntad de terminar su relación contractual. En suma, los hechos acreditados no permiten hablar de un vicio del consentimiento, al no quedar acreditada la existencia de aquella fuerza moral o coacción necesaria para que la actora viera anulada o doblegada su propia voluntad, pues pudo razonablemente rechazar la baja voluntaria, dado que ni se le amenazó con sufrir un mal inminente de negarse a firmar la baja que se le ofreció, ni puede tampoco entenderse que fuera sometida a una presión insoportable en el transcurso de dicha reunión. Por lo que, si optó por la baja, tal decisión no es atribuible a una voluntad viciada por la intimidación. 

Sentencia Tribunal Superior de Justicia núm. 3244/2003 Granada, Andalucía, de 4 noviembre

La actora Dña. María Virtudes, mayor de edad, cuyas demás circunstancias obran en autos, trabajó para la empresa demandada, desde el día 9 de mayo de 2001, con la categoría laboral de Gerente A, percibiendo un salario mensual de 922,36 euros mensuales, con inclusión de la parte proporcional de las pagas extraordinarias. El día 4 de mayo pasado, fue despedida por la demandada, mediante comunicación escrita, con el siguiente texto literal: “Doña María Virtudes La Dirección de la Empresa ha tenido conocimiento y ha comprobado la veracidad de los siguientes hechos: Que en varias ocasiones ha sido usted advertida verbalmente por su coordinador debido a sus faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo. Que usted durante los días 29-04-2002; 30-04-2002; 02-05-2002; 03-05-2002 y 04-05-2002, del año en curso entró con 15 minutos, 25 minutos, 25 minutos, 10 minutos y 15 minutos, respectivamente. Como Ud. comprender hechos como los descritos no pueden ni deben permitirse, por cuanto distorsionan el normal funcionamiento, organización y servicio de su centro de trabajo al margen de los graves trastornos que ha estado originando a sus compañeros que se han visto en la obligación de acelerar el desarrollo de sus funciones para poder compensar sus faltas de puntualidad al trabajo. En consecuencia y en base a las facultades que a la Empresa le reconoce el Convenio Colectivo de Mercadona, SA en el art. 33, y a tenor de lo dispuesto en los apartados B.1) y C.18) del mismo texto legal su actitud es constitutiva de una falta laboral grave, por la suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo no justificadas, cuando exceda de 30 minutos en el período de un mes y de otra falta laboral muy grave, por la reincidencia en falta grave, respectivamente. Por lo tanto, la Dirección de la Empresa, ha tomado la decisión de DESPEDIRLE con efectos del día de hoy”. 

La empresa reconoce en conciliación la naturaleza improcedente del despido, esto es, que los hechos que se le imputan a la trabajadora no son ciertos, no obstante lo cual insiste en despedirla improcedentemente, sin aceptar la readmisión. 

Sentencia Tribunal Superior de Justicia núm. 384/1999 Murcia de 27 abril 

Debe destacarse que en la carta de despido -y también en el relato histórico de la Sentencia recurrida- se relata una larga serie de consultas y visitas médicas desde el 10 de febrero de 1997 así como la permanencia de la actora durante un largo período de tiempo en incapacidad temporal, que deben jugar sólo como antecedentes indicativos de las dolencias padecidas por la actora en aquel período y no como circunstancias agravantes de la falta que se imputa. Pues no debe olvidarse que en la comunicación entregada por la empresa sólo se acusa a la trabajadora de realizar determinadas actividades que la empresa considera perjudiciales para su salud y su recuperación laboral durante tres días del mes de mayo de 1998. Son pues éstos los únicos comportamientos que debe ponderar la Sala, ya que ni la sanción disciplinaria se impone por simulación de enfermedad, ni estamos en presencia de un despido objetivo residenciado en el apartado D) del art. 52 ET. En el relato de hechos probados, amén de los antecedentes clínicos aludidos se recogen los movimientos y actitudes de la actora durante los días 8, 11 y 18 de mayo de 1998 en función de los cuales se declara la procedencia del despido. Para juzgar su incidencia en relación con las enfermedades que padecía y que le mantenían en situación de incapacidad temporal desde el 17-4-1997 conviene retener aquí que en esa fecha la actora fue baja para el trabajo por “hipertensión arterial y crisis de ansiedad”. Y que a partir del 16 de junio de 1997, en que dichas dolencias habían experimentado cierta mejoría, se mantuvo la baja, ordenada por el facultativo de la seguridad social doctor T. tras apreciarle “marcada escoliosis lumbar izquierda y dorsal derecha, de más de 15 de curvatura, y lumbalgia y dorsalgia aguda”, producidas, estas dos ultimas, por la escoliosis según consta en el relato fáctico revisado. Y que para el tratamiento de la escoliosis los servicios médicos del INSALUD, de un lado habían considerado “contraindicado el reposo absoluto, debiendo hacer vida normal, sin esfuerzos” y de otro le habían prescrito “ejercicio”. 
No se imputa a la actora la realización de ningún tipo de trabajo por cuenta propia o ajena durante su largo proceso de enfermedad. Lo único que se le reprocha es que: 

A)	El día 8-5-1988 condujo su automóvil; llegó al supermercado al que se dirigía, bajó del maletero del vehículo una silleta de bebe con ruedas, cogió a su hija pequeña en brazos la colocó en la silleta y marchó a realizar la compra; y al regresar realizó la operación inversa. Luego al llegar a la puerta de su vivienda se la vio coger del maletero cuatro garrafas o botellas de 5 litros cada una, y las llevó al interior de la casa. No se indica en el relato si las transportó en uno o varios viajes, ni si los recipientes estaban llenos o vacíos ni de qué material eran o cual era su contenido. Mas por contraste con la descripción del día 18 en que se especifica que la garrafa o botella que cogió ese día sí estaba llena, hay que entender que las del día 8 estaban vacías. 
B)	El día 11 de mayo por la mañana marchó de su casa conduciendo su automóvil, con su hija pequeña dentro hasta llegar a su destino, donde volvió a realizar la misma operación del día 5, es decir, sacó la silleta, cogió a su hija en brazos y la colocó en la silleta. Luego se la vio en el mercadillo semanal, donde realizó varias compras -no se indica el tiempo- y llevó a su hija en brazos -tampoco se dice cuántos minutos- durante parte del tiempo que dedicó a dicho menester. Se dice también que ya ese día llevaba collarín cervical. La actora asegura sin embargo que no se trataba de collarín, que sólo le fue prescrito dos días más tarde, sino de un pañuelo colocado al cuello para mitigar el dolor cervical que ya padecía como consecuencia del accidente de tráfico que sufrió el día 9 anterior. Mas al no haber solicitado la reforma del relato en este punto, no puede tenerse en cuenta tal puntualización, que por lo demás es intrascendente, como luego veremos. 
C)	Finalmente el día 18 siguiente por la mañana, condujo su vehículo llevando el collarín, hasta llegar al mercado, y regresó al vehículo con una garrafa llena, al parecer de lejía, y de unos 5 litros en su mano izquierda y dos bolsas en su mano derecha -no se indica tamaño, contenido o peso- introduciéndolo todo en el maletero. Y a continuación subió al automóvil, se quitó el collarín y realizó diversos desplazamientos por la ciudad; cada vez que bajó del vehículo se volvió a colocar el collarín, que de nuevo se quitó cuando volvió a conducir. 

Las actividades llevadas a cabo por la actora no estaban contraindicadas para las enfermedades que provocaron su baja en el año 1997, hipertensión arterial y crisis de ansiedad, resulta palmario. Podría discutirse, a lo sumo, si podían perjudicar su escoliosis o retardar la finalización del tratamiento impuesto y la consiguiente reincorporación al mundo laboral. Mas esa valoración debe realizarse bajo el prisma de la buena fe contractual cuya transgresión se le reprocha. Como precisó el Tribunal Supremo, Sala Social, en su Sentencia de 4 de marzo de 1991, “La buena fe contractual que el precepto legal cuida de guardar es la que deriva de los deberes de conducta y del comportamiento que el art. 5 a), en relación con el art. 20.2 ET, imponen al trabajador”; buena fe en su sentido objetivo, que, como declaró la S. 22 mayo 1986, de esta Sala, después seguida por otras, “constituye un modelo de tipicidad de conducta exigible o, mejor aún, un principio general de derecho que impone un comportamiento arreglado a valoraciones éticas, que condiciona y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos (arts. 7.1 y 1258 CC), con lo que el principio se convierte en un criterio de valoración de conductas con el que deben cumplirse las obligaciones, y que se traduce en directivas equivalentes a lealtad, honorabilidad, probidad y confianza”. De modo que, como también señala el Alto Tribunal “no cualquier transgresión de la buena fe contractual justifica el despido, sino aquella que por ser grave y culpable suponga la violación trascendente de un deber de conducta del trabajador, esto es la que tenga calidad bastante para que sea lícita y ajustada la resolución contractual basada en el incumplimiento del trabajador (art. 1124 CC)”. A la luz de dicha doctrina no puede calificarse como transgresión de la buena fe contractual las actividades desarrolladas por la actora durante los tres días en que fue objeto de vigilancia y de una filmación por vídeo que, como la propia Sentencia reconoce, es siempre sesgada y destaca exclusivamente los hechos que interesan a la empresa que lo ordena realizar. 

La Sentencia admite que “valorada la situación de relativamente reciente maternidad, es lógico entender que, sin dolor o con dolor, una madre debe coger a su hija para atenderla”. Y por consiguiente justifica que sacara del automóvil la silleta, cogiera a su hija en brazos y la sentara en ella, así como la maniobra inversa al acabar el desplazamiento. Y así lo entiende también la Sala, máxime desde una prescripción médica de vida normal y no de reposo absoluto. Añádase a ello que no se trata de trabajo o de actividad intensa y continuada sino de esfuerzos no excesivamente grandes -no consta el peso de la hija, pero así permite suponerlo la alusión del Juez “a quo” a una situación de “relativamente reciente maternidad”- esporádicos y además, imprescindibles. Pues no consta que la actora tuviera la posibilidad de dejar a su hija al cuidado de tercera persona, o que contara con ayuda para llevar a cabo las tareas necesarias para mantener su hogar, entre las que, como es obvio, se encuentra la de ir al mercado. Y otro tanto cabe decir en relación con la carga y descarga del vehículo de los productos adquiridos, incluida la botella de lejía, cuyo transporte manual durante breve tiempo, tampoco cabe considerar como constitutivo de un esfuerzo relevante. Son otros dos, los hechos en los que la Sentencia pone el énfasis para confirmar el despido. El primero es que durante la visita al mercado del día 11 de mayo, la actora “llevo gran parte del tiempo a su hija en brazos”. No nos dice, sin embargo, cuanto dura la filmación de ese episodio, ni los minutos en que la niña permanece en brazos de su madre. Mas en todo caso, la Sala entiende que coger en brazos a una hija pequeña cuando la madre va a la compra y le resulta preciso llevarla con ella, constituye un acto de la vida ordinaria, que era lo que se le prescribió por los médicos. Y que, por lo esporádico -y siempre breve en relación con la duración de una jornada laboral- no podía considerarse expresivo de una plena capacidad funcional, ni gravemente perjudicial para su recuperación. Pues dicha actividad no exige un relevante esfuerzo físico ni tiene entidad suficiente para estimarla inadecuada en relación con la escoliosis que sufre la actora hasta el punto de poder ser determinante de demora en su proceso curativo, máxime cuando no existía prescripción de reposo absoluto, sino lo contrario. Y el segundo consiste en el uso, al parecer optativo, del collarín cervical. De entrada debe señalarse que tal dolencia no propició la baja médica, ni fue alegada en ningún momento como causa para prolongarla. El propio facultativo de la Seguridad Social que ha intentado proponer a la actora para una incapacidad permanente, exclusivamente en función de la escoliosis, afirma que nunca citó el esguince cervical producido por el accidente de tráfico, porque nada tenía que ver con la escoliosis invalidante y posiblemente también por su carácter transitorio. Ha quedado además acreditado que el collarín se le prescribió por la medicina privada y no consta si se le aconsejó o se le prohibió su uso durante la conducción del automóvil, para la que sin duda es un inconveniente grave. En tales circunstancias el hecho de no utilizarlo para conducir no puede tampoco valorarse como gravemente perjudicial para la recuperación de una dolencia que había surgido incidental e involuntariamente durante la incapacidad temporal que no se modificó ni prolongó como consecuencia de aquél. Por eso el hecho de que, en un solo día y durante pocas horas, se observara que la actora usaba el collarín cada vez que salía de su vehículo no puede considerase como “una simulación que tiene por objeto beneficiarse de prestaciones sociales” - como se afirma en el fundamento quinto de la Sentencia recurrida que considera tal hecho como el más grave de los imputados- ni como una deslealtad constitutiva de mala fe, habida cuenta de la ausencia de ánimo culposo en la actuación de la actora, la actuación esporádica que la empresa ha puesto de manifiesto, y la enfermedad que padecía que no exigía, como ya hemos dicho, reposo físico absoluto. 

Lo hasta ahora razonado obliga a concluir que no se ha producido un incumplimiento grave y culpable por parte de la actora de las obligaciones que le impone la buena fe contractual ni, por ende, una transgresión incardinable en el apartado D) del art. 54 ET. Y a calificar de improcedente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 55.4 ET, una decisión que la empresa adoptó sin suficiente fundamento y, posiblemente -así lo da a entender el trasfondo que late en su extensa carta de despido- para poner fin a una serie de períodos de baja para el trabajo con cuya duración, ciertamente prolongada pero amparada por los facultativos de la Seguridad Social, no estaba de acuerdo. 

Sentencia Tribunal Superior de Justicia núm. 1020/1999 Málaga, Andalucía de 7 mayo 

“Doña María José C. A., mayor de edad y vecina de Estepona, comenzó a prestar servicios por primera vez para la empresa "Mercadona, SA" el día 10-11-1994 ostentando últimamente la categoría profesional de dependienta y percibiendo un salario, incluida prorrata de pagas extraordinarias 123.000 ptas. La actora suscribió un primer contrato de duración determinada al amparo del artículo 3 del RD 2104/1984, por acumulación de tareas para prestar servicios como mozo aunque con polivalencia funcional en Canarias el día 10-11-1994, contrato que se prorrogó hasta el día 9-5-1995 suscribiéndose un finiquito en dicha fecha. El día 10-5-1995 las partes volvieron a suscribir un contrato temporal, esta vez al amparo del artículo 5 del RD 2546/1994, por la apertura de un centro en Santa Cruz de Tenerife como personal mercantil aunque se transformó en contrato indefinido. 

La actora el día 6-5-1998, fue despedida mediante carta cuyo contenido literal es el siguiente: “doña María José C. A. la Dirección de esta empresa ha tenido conocimiento y ha podido comprobar la veracidad de los siguientes hechos: Que usted ha estado de baja desde el día 22-4- 1997 recaída del 12-4-1996 hasta el 5-5-1998 por Incapacidad Temporal a consecuencia de un esguince de tobillo. Que usted durante su Incapacidad temporal ha estado realizando actividades contraindicadas con la enfermedad que "padecía" transgrediendo la buena fe contractual, pues, consciente y deliberadamente ha realizado acciones que son compatibles con una situación de incapacidad, retrasando de esta forma su restablecimiento, con el grave perjuicio económico para la empresa, que tiene que satisfacer unas prestaciones que claramente usted no se merece. O bien, se encontraba en perfectas condiciones para desempeñar su trabajo en la empresa, pretendiendo prolongar o simular ficticiamente una situación de incapacidad temporal, suponiendo una deslealtad y fraude a la empresa. En concreto las actividades mencionadas anteriormente son las siguientes: los días 5, 9, 14 de diciembre de 1997 realizó largos paseos y los días 25-12-1997 y 1 de enero del presente año se le ha visto bailando. Por lo tanto comprender hechos como los descritos no pueden ni deben ser permitidos por parte de la Dirección, dado que con su actitud al margen de los graves trastornos económicos que le ha ocasionado a esta empresa, está originando un malestar tanto en el centro como a los compañeros del mismo, distorsionando con su actitud el normal funcionamiento y organización del centro. En consecuencia y en base a las facultades que a la empresa le reconoce el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 54.1 y a tenor de lo dispuesto en el apartado 2 d) del mismo artículo su actitud es constitutiva de un incumplimiento grave y culpable, por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza en su trabajo y por lo tanto la Dirección de esta empresa ha tomado la decisión de despedirle con efectos del día de hoy. Ruego se sirva firmar copia de la presente a los solos efectos de su notificación en legal forma en Estepona a seis de mayo de mil novecientos noventa y ocho”. 

La actora se encontraba de baja por accidente de trabajo desde el 22-4-1997, siendo dada de alta por la Mutua Patronal el 5-5-1998. el día 4-6-1998 tuvo lugar ante el CMAC, el preceptivo Acto de Conciliación en virtud de demanda presentada el 22-5 reconociendo la empresa la improcedencia del despido. 

Sentencia Tribunal Superior de Justicia núm. 1450/1996 Comunidad Valenciana de 29 mayo 

La legal representación de “Mercadona, SA” interpone un solo motivo de suplicación en el que denuncia infringido el art. 54,2, b) ET, al amparo del art. 191, c) LPL; de la incombatida resultancia fáctica se infiere que de conformidad con la cláusula adicional 3ª del contrato firmado por el actor, éste se comprometía a observar un riguroso aseo personal (bien peinado, ...) como requiere el desarrollo de una actividad dedicada a la manipulación de alimentos frescos y que desde el mes de marzo lleva una pequeña perilla nada poblada, que ha mantenido muy corta y perfectamente cuidada, habiendo asistido a su puesto de trabajo observando siempre un correcto aseo personal y sin que haya habido queja alguna sobre él sino meras advertencias verbales de su superior y nunca amonestaciones anteriores al 11 de abril, siendo los escritos de 11 y 28 de abril igualmente “advertencias”; datos tales que conducen necesariamente a confirmar la sentencia de instancia que declaró la improcedencia del despido del actor al no acreditarse en modo alguno la pretendida por la empresa “actitud rebelde de desobediencia”, justificativa de la sanción máxima de despido ni tampoco el uso o costumbre que prohíba el uso de la barba -en este caso perilla de las características señaladas-, existiendo prueba, por contra, de que otros empleados también en contacto directo con el público llevan bigote y perilla de largo superior a la del actor. Siendo constante preocupación del Alto Tribunal (STS 18 marzo 1991) la ponderación de las circunstancias concernientes en orden a valorar la conducta merecedora de la sanción máxima, cual es el despido, por ser la última medida a adoptar, dada su trascendencia y gravedad (STS 25 julio 1990, entre todas las que pueden suponerse en la esfera laboral y que, por tanto, ha de responder a la exigencia de proporcionalidad y adecuación entre el hecho cometido y la sanción impuesta, y reconduciendo dicha orientación al caso que nos ocupa, no podrá apreciarse su imposición cuando no consta que las referidas advertencias y órdenes correlativas fueran fundadas y legítimas, de manera que generasen la obligación de comportamiento por el actor, quien no incurrió en la imputada desobediencia, ni asimismo en la pretendida vulneración por éste de conducta de obligada observancia en virtud de uso o costumbre, ya que el brocárdico “iura novit curia” se circunscribe a las normas escritas que, forman el derecho escrito, interno y general, es decir, el obligado conocimiento de la norma jurídica por el órgano jurisdiccional, no se extiende a la costumbre y usos de empresa (art. 1,3 del Código Civil), que deberán ser probados por quien los alega. No concurriendo tal prueba por el ahora recurrente, y así se declaró en la instancia, debe concluirse la confirmación de la sentencia de instancia, que no incurre en las vulneraciones denunciadas, previa la desestimación del recurso de suplicación interpuesto.